Peces-Barba al ataque

Gregorio Peces-Barba nos deleita con un discurso farragoso para intentar vender la idea de que al Gobierno no le chista ni Dios en lo que se refiere a Educación para la Cuidadanía. O, al menos, que no le chista la Iglesia.

Es característica frecuente entre algunas personas de amplia cultura la necesidad de manifestarle al mundo todo lo que saben. "¿Saber sin que los demás sepan que yo? Para qué" parece ser su lema. Peces, en un texto con más referencias al siglo XVIII y XIX de las necesarias como apoyo de sus argumentos, nos deja bien claro que dispone de tiempo libre para la lectura. Por fortuna, para quien tiene paciencia para llegar casi al final, también ofrece un mínimo de contenido donde expone su tesis con claridad:

En esa línea, la Constitución de 1978 establece el derecho a la educación, pero permite la enseñanza privada e incluso la puede subvencionar si cumple el objetivo general de la educación, señalado en el artículo 27.2: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".

La enseñanza privada, concertada o no, está sometida a estas reglas, aunque además podrá explicitar su carácter propio. Desconocer esta obligación general y esta competencia plena de los poderes públicos en materia educativa es un signo más de la desmesura de la verdad que nos hace libres.

[...]

Así, se atreven a decir que la Educación para la ciudadanía es incluso inconstitucional. Desgraciadamente para ellos la sociedad no les va a seguir en ese intento teocrático de control. Es una forma más de rechazo real a la modernidad.

La idea está clara. La Constitución dice que el Gobierno manda y tú, Iglesia, a callar. Parece que para este hombre cualquier cosa aprobada por un Gobierno ha de ser aceptada sin más. Se ha olvidado, tal vez, que la Constitución es el marco de referencia inviolable y, por tanto, la Educación para la Cuidadanía será constitucional mientras que se mantenga el que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, tal y como se proclama en el artículo 27. 2.

Esto no es más que un signo que marca dos líneas, ambas preocupantes:

1.-) Los hijos no son de los padres. Los hijos son un bien social, por lo que corresponde a la sociedad decidir en qué valores y de qué modos han de ser educados. Esto equivale a considerar que hay opciones morales de las padres que, si bien son perfectamente legales, no han de verse representadas en los objetivos y planes de estudio. Incluso pueden llegar a verse frontalmente atacadas estas opciones morales, de tal modo que en la escuela se tache de errónea la línea de educación que unos padres querrían llevar con sus hijos. (Recuerdo, opciones morales perfectamente legales. No hablo de un padre educando a sus hijos en "si tu maestra no te aprueba, pártela la piernas y ya verás").

2.) Aquella que vota la mayoría ha de ser asumido por todos. La democracia, en este país, está francamente sobrevalorada. La mitad más uno de la población (o de los diputados, concejales... lo que sea) puede marcar a voluntad el modo de vivir y regirse de todos; y quien discrepe, a de cerrar la boca, so pena de ser tachado de antidemócrata. El modo como dos hombres y una mujer reunidos deciden si tener sexo entre ellos no es por la vía de las urnas, ¿verdad? Las leyes no pueden negar mis derechos, aunque la mayoría tenga ganas de pisoteármelos.