Educación para la Ciudadanía como reconocimiento de un fracaso

¿Están los objetivos de la materia Educación para la Ciudadanía incluidos entre los objetivos de la LOGSE? Sí, en el 1990, con la LOGSE, el Estado quería formar ciudadanos activos, comprometidos, demócratas, no sexistas, formados para ser solidarios. Y en el 2006 el Estado quiere formar niños y niñas siguiendo el mismo patrón. (Ayer escribía sobre cómo estos objetivos están próximos a no querer decir nada y cómo esto supone un mayor problema en los colegios públicos que en los concertados).

¿Por qué, a igualdad de objetivos, han cambiado los medios? Simplemente, porque el Gobierno considera que ha fracasado en sus propósitos. Idearon un sistema educativo con unos fines bien claros, no han sido capaces de alcanzarlos y nos piden que creamos que ahora sí que podrán. Les precede el fracaso y, en lugar de retirarse y pedir disculpas, siguen jugando con nuestros hijos, a ver si ahora sí que es la buena.

Pero Educación para la Ciudadanía no es únicamente el reconocimiento de un fracaso. Es también una muestra de desconfianza por parte del Gobierno hacia los profesores. Lo que se está diciendo con esta norma es que, hasta ahora, los profesores no han sabido o no han querido educar a los niños en asuntos como el respeto, el diálogo, el conocimiento de los Derechos Humanos, conocimiento del mundo actual... Si para educar sobre todo esto hace falta una asignatura nueva, ¿a qué se estaban dedicando hasta ahora los profesores?

Educación para la Ciudadanía es una asignatura para el adoctrinamiento, que seguramente no servirá para nada, que permite ver algunos de los límites de la educación estatalizada:

1. El Estado no paga ningún precio ante los fracasos de sus opciones educativas.
2. El Estado no es capaz de conocer las prioridades de los padres. Ante la tasa de fracaso escolar del sistema español, ¿qué criterio justifica que se dediquen horas a Educación para la Ciudadanía y no más horas a Matemáticas o a Lengua?
   
3. La moral común a todos los cuidadanos, que es la única que podría ser impartida desde los colegios públicos, o bien no existe o bien es tan limitada que sería básicamente equivalente a renunciar a la educación moral desde la escuela.
4. El Estado puede opinar mejor o peor de los profesores que ha contratado; lo mismo da, porque ya los tiene hasta la jubilación.
   
5. Esto podría solucionarse flexibilizando el sistema público de educación. Si se permite que los padres eligan libremente centro, no tendría sentido quejarse del ideario del colegio. Si centros pueden hacer la plantilla a su voluntad, podrán garantizar que haya un ideario sólido y coherente. De este modo, se podría conseguir que desde los colegios se diera una formación en valores más allá de una asignatura de ética pastelera.

¿Veremos algún día algo parecido a esto?